Un tribunal federal de Washington suspendió este miércoles de forma cautelar las sanciones impuestas en 2025 por la Administración de Donald Trump contra la relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese. El juez federal Richard León consideró que las medidas pueden constituir una restricción inconstitucional a la libertad de expresión.

La resolución, emitida tras una demanda interpuesta por familiares de la abogada italiana, establece que la libertad de expresión es siempre de interés público. La suspensión tiene carácter temporal y se basa en la posible vulneración de la Primera Enmienda, al estar las sanciones dirigidas contra el contenido del discurso de la experta internacional.

BREAKING! US court ha suspended the US sanctions against me!
As the judge says: "Protecting the Freedom of speech is always just the public interest".
Thanks to my daughter and my husband for stepping up to defend me, and everyone who has helped so far.

Together we are One. pic.twitter.com/z6L3tb7Esp

— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) May 13, 2026

La medida paraliza los efectos principales de las sanciones: la prohibición de entrada a Estados Unidos y el bloqueo de activos en el sistema financiero estadounidense. Estas restricciones se mantendrán suspendidas hasta que el tribunal resuelva el fondo del caso.

Contexto judicial de las sanciones

A inicios de 2026, el Departamento de Estado de EE.UU. reiteró que las sanciones contra la relatora son legales y apropiadas. El Gobierno estadounidense acusa a Albanese de apoyar el antisemitismo y el terrorismo, así como de recurrir a la guerra jurídica (lawfare) contra sus intereses.

Las penalizaciones fueron anunciadas en julio de 2025 por el secretario de Estado, Marco Rubio. El funcionario justificó las medidas alegando que la relatora impulsaba acciones en la Corte Penal Internacional (CPI) contra funcionarios y empresas estadounidenses e israelíes.

«La campaña política y económica de Albanese contra Estados Unidos e Israel ya no será tolerada. Siempre apoyaremos a nuestros socios en su derecho a la legítima defensa», sostuvo entonces Rubio.

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El esposo de Albanese, Massimiliano Cali, y su hija presentaron la denuncia el 27 de febrero tras verse afectados económicamente y perder el acceso a su hogar en Washington. El recurso argumenta violaciones a los derechos de libertad de expresión y debido proceso consagrados en la Primera, Cuarta y Quinta enmiendas.

El texto legal advierte que las sanciones se abusan cuando buscan silenciar puntos de vista desfavorecidos y violar derechos constitucionales de personas que no son del agrado del Gobierno.

Labor de Albanese y rechazo internacional

Francesca Albanese, quien vivió en Jerusalén y presenció en primera persona las políticas de apartheid, ha denunciado crímenes de guerra y genocidio en la Franja de Gaza. En su informe Anatomía de un genocidio (2024), advirtió sobre una «limpieza étnica» y la «economía del genocidio». Desde el inicio de su mandato en 2022, la experta ha afirmado que no ha podido entrar en Gaza o Cisjordania ocupada.

El secretario general de la ONU, António Guterres, calificó estas acciones de «inaceptables» y de «peligroso precedente». Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch también condenaron las medidas. Albanese afirmó que las sanciones son «la culminación de un acoso que es realmente innecesario».

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